A finales de marzo entraría en funcionamiento el Centro de Reclusión Transitorio que el Distrito levanta en el barrio Las Estrellas, en el mismo lugar en donde funcionó hace muchos años la Fundación Uclad, Unidos contra la Droga, centro de rehabilitación.

Sería, según lo planteado en varias ocasiones por el Ministro de Justicia, Wilson Ruíz, y el Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la solución al problema de hacinamiento que se vive en las URI y en estaciones de Policía, en esta ciudad y en el área metropolitana. Además, aliviaría el nuevo fracaso de la mega cárcel en el municipio de Candelaria.

Acercándose la fecha de apertura del Centro de Reclusión Transitorio, las protestas han aumentado en los sectores cercanos. Además de Las Estrellas está Las Colinas. Son cerca de 20.000 las personas que residen en esos barrios. 

Igual está el descontento de los padres de cerca de 460 menores que estudian en los colegios  San Pablo Apóstol y Externado de Colombia. El primero y el  centro de deportes del segundo quedan justo frente al Centro de Reclusión Transitorio.

La inconformidad en los barrios es tal que ya no creen en las declaraciones y promesas de funcionarios de la Alcaldía. Una vecina contó que estaba a punto de vender su casa, pero quien sería su potencial comprador "reversó" la compra por la construcción de la cárcel transitoria.

Señalan con nombre propio a Alfredo Carbonell, gerente de Desarrollo Social, quien ha manifestado públicamente que el proyecto se ha socializado con la comunidad y a la secretaria de Gobierno Jeniffer Villarreal, quien no les cumplió en la reciente cita que debió celebrarse el pasado lunes tal como se pactó en el fin de semana como condición para levantar una protesta.

Miguel Calderón, vecino del sector, se mostró indignado porque asegura, “no se nos consultó”. “Nos quieren imponer a la fuerza un centro de reclusión temporal, pero los transitorios son los presos que van a traer ahí”. 

Rechaza que voceros de la administración local mencionen que hubo una socialización del centro carcelario y manifiesta que va contra el POT construir un penal frente a una institución educativa.

Calderón, cuyas hijas estudian en el San Pablo Apóstol, señala “están en riesgo”. Recordó que cuando hace 6 años se les consultó sobre qué obras podrían mejorar el barrio “todos dijimos que queríamos un mega colegio, pero de repente aseguran que nos van a dar seguridad con una cárcel transitoria”.

Recordó que el vecindario sufrirá todos los efectos colaterales que trae una cárcel con capacidad para 420 presos.

Consideraciones similares tiene Indira Mogollón, una habitante del sector que además trabajó como custodia de presos en un centro carcelario.

“Esto no es un centro temporal, es temporal para los bandidos que traen y luego salen a delinquir. Los que vienen de visita les traen sustancias psicoactivas y armas”, dijo.

Advirtió del peligro que pueden correr los niños en caso de disturbios en el nuevo penal. “¿Qué pasará con los gases lacrimógenos?”.

Juan Carlos Llorat, otro habitante del sector, contó dos episodios coincidentes que ha vivido en Barranquilla. El primero fue en la calle 47 con carrera 16, barrio La ceiba.

Llorat vivía en ese sector en donde se construyó la UCJ. “Por ende, mi casa se devaluó, inseguridad constante las 24 horas del día”, indicó. Por este motivo, se mudó al barrio Las Estrellas y ahora vive una circunstancia similar en este sector.

Dos colegios vecinos

Álvaro Aurela, rector del Colegio San Pablo Apóstol, califica de “grave y delicada la situación que viven”.

"No se puede instalar una cárcel a menos de 100 metros de una institución educativa", señaló.

En su colegio son 160 los niños, 60 de ellos de la primera infancia.

Considera que se “están pisoteando y vulnerando los derechos de los niños”. “El derecho a la vida, calidad de vida, ambiente sano  y a la salud física y mental. Esto es un atropello de las autoridades con la primera infancia”, agregó.

Solicitó el rector del colegio, San Pablo Apóstol, la intervención del ICBF.

Por su parte, Rubén Ponce, rector del Colegio Externado de Colombia, expresó sentir "preocupación total e indignación porque no fue consultada la comunidad sobre este proyecto”.

Señaló que el problema de seguridad “se agravará” y algunos padres de familia han expresado ya su intención de retirar a los niños del colegio.